DECLARA:
Que la República Argentina ha sido desde siempre un enérgico promotor del uso responsable de la energía nuclear, ha ratificado el Tratado de No Proliferación, (TNP) y mantiene una plena participación en diversas Convenciones y Conferencias a favor del desarme.
Que comparte plenamente los objetivos de la inmensa mayoría de los países de la Comunidad Internacional en materia de no proliferación nuclear, tal como lo demostró en su firme posición con respecto a las sanciones a Corea del Norte.
Que en tal carácter, vería con agrado que el Poder Ejecutivo ratifique el propósito de nuestro país de avanzar en la adopción de un Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares que alcance a todos los países sin excepción, en especial a aquellos que han alcanzado mayor desarrollo en la materia.
Que también vería con agrado el inicio de negociaciones en el ámbito de la Conferencia de Desarme en pos de establecer una Convención para la prohibición de material fisible destinado a armas nucleares, así como la creación de un órgano de Naciones Unidas con el mandato de tratar del desarme nuclear con igual alcance a todos los países del mundo.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,
A fines de 2001, la denominada ‘Revisión de la Posición Nuclear de los Estados Unidos’ llevada a cabo anualmente por el Gobierno de Estados Unidos determinó que la República Democrática de Corea del Norte era un posible blanco enemigo, al haberse detectado que estaba violando las pautas convenidas en 1994. En esa fecha, ambos países habían firmado un acuerdo que establecía el congelamiento del programa nuclear que el país asiático había estado llevando a cabo, a cambio de que Corea del Norte permitiera el frecuente ingreso de una misión de control de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), el suministro de combustibles y ayuda para la construcción de dos plantas nucleares, que únicamente podían ser utilizadas para fines pacíficos; conocido como ‘Acuerdo Marco entre EE.UU. y la República Democrática Popular de Corea del Norte’.
En consecuencia, en enero de 2002, el Presidente George W. Bush incluyó a Corea del Norte como uno de los integrantes del “eje del mal”, hecho que podría determinarse como el comienzo de una nueva crisis entre ambos países. En octubre de ese año, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar desarrollando, de manera secreta, un programa de enriquecimiento de uranio para ser utilizado en armas nucleares, en clara violación con el Acuerdo firmado; y en noviembre, se llevó a cabo la suspensión de los embarques de combustible a ese país. La reacción de Corea fue la inmediata expulsión de los inspectores de la IAEA y la reactivación del Programa Nuclear llevando dicha confrontación a una crisis real.
En enero de 2003, Corea del Norte decidió retirarse del Tratado de No proliferación Nuclear (NPT), ratificado por Corea del Norte en 1985, mediante el cual se declaraba como un Estado libre de armas nucleares. Ante esta situación, Estados Unidos decidió que las conversaciones bilaterales con ese país no resultaban factibles y prefirió llevar el caso a un ámbito multilateral de negociaciones, lo cual dio lugar a la creación del foro de Conversaciones de Seis Partes (Six-Party Talks) integrado por China, Japón, Corea del Sur, Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos, en el cual, a lo largo de varias rondas, se discutieron posibles salidas alternativas al conflicto nuclear. En febrero de 2005, Corea del Norte declaró haber alcanzado la capacidad de desarrollar armas nucleares, aunque pocos meses después, en la Cuarta Ronda de Conversaciones, en Septiembre de ese año, Pyongyang sorpresivamente acordó un “Estatuto de Principios” en el que se comprometía a abandonar la totalidad de sus programas nucleares y el retorno al Tratado de No Proliferación en una fecha cercana a cambio de concesiones. Sin embargo, tres meses más tarde (septiembre de 2005), cuando se estaba a punto de firmar el ‘Estatuto’, las negociaciones se detuvieron a partir de una ‘diferencia de interpretación’ de los puntos convenidos en el mismo. En particular, si la reanudación de los embarques de combustible y la construcción de un reactor de agua liviana de parte de los países a Corea del Norte sería anterior o posterior a la suspensión del Programa Nuclear. Además del reclamo del gobierno coreano respecto al levantamiento de las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos en septiembre de ese año, a través de la cual, basándose en su ‘Iniciativa de Actividades Ilícitas’ y el ‘Acta Patriótica’, llevó a cabo la suspensión de actividades financieras con el Banco Delta Asia en Macao, dado que según EE.UU. este era utilizado como un canal de lavado de dólares por parte de Corea del Norte.
Como una supuesta muestra de fortaleza, en julio de 2006, la República Democrática de Corea llevó a cabo un test misilístico que sufrió la inmediata condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y recientemente en octubre de este año, realizó un Test Nuclear lo cual dio a lugar a sanciones económicas aprobadas por el Consejo de Seguridad, incluyendo a China y Rusia, aliados de Corea del Norte. Un dato que debe ser tenido en cuenta, respecto a la oportunidad del test nuclear, es que fue llevado a cabo apenas un día antes de la designación del nuevo Secretario General de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki Moon, que entrará en funciones en enero de 2007. La simultaneidad de ambos acontecimientos no parecería ser casual, sino que resulta posible captar algún mensaje al respecto: Tal vez, orientada a evaluar una primera reacción de Ki Moon, como Secretario General del organismo, dado su conocimiento de la problemática y de la región: Actualmente, se desempeña como Canciller de Corea del Sur.
Las sanciones fueron impuestas a través de la Resolución 1718, bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, lo cual implica una acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, pero haciendo especial mención a su Art. 41 en el cual se determina que se ‘podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas”. En particular, a través de la Resolución se le niega a Corea del Norte el acceso a cualquier material que pueda favorecer su programa nuclear o de desarrollo de mísiles, y se contempla la inspección de todos los productos que entren o salgan de Corea del Norte; además del ingreso de productos de lujo.
La inmediata respuesta de Corea del Norte fue el rechazo a las medidas, a las cuales llamó un ‘acto de guerra’. Además, un General de ese país sugirió la posibilidad de que pudiera llevarse a cabo un nuevo test nuclear. Actualmente, los países integrantes del Consejo de Seguridad están acordando los modos en que las medidas dispuestas por la Res. 1718 serán implementadas. Asimismo, China a través de un enviado de su gobierno a Corea del Norte dio muestra del enojo de su país hacia la actitud de su aliado, y luego de conversaciones se aseguró de que un segundo test no sería llevado a cabo.
La gravedad que podría alcanzar la situación planteada, nos pone ante la necesidad como país de insistir en la adopción de un Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares que alcance a todos los países sin excepción, en especial a aquellos que han adquirido mayor desarrollo en la materia, y no tan sólo los denominados “estados canallas”, como los designa la administración Bush.
Para alcanzar un mundo más seguro, los países de América latina deberían además reclamar el inicio de negociaciones en el ámbito de la Conferencia de Desarme en pos de establecer una Convención para la prohibición de material fisible destinado a armas nucleares, así como la creación de un órgano de Naciones Unidas con el mandato de tratar del desarme nuclear de manera amplia y sin excepciones.
Por todo ello, es que pongo el presente proyecto a disposición de mis pares para ser aprobado.
