Sr. Raimundi.- Señora presidenta, señor secretario: primero quiero reafirmar un muy fuerte apoyo al rol del Estado en el diseño de la política aerocomercial; un rol que tiene que ver con un servicio esencial del cual el Estado no debiera haberse desprendido nunca. Desde luego este no es un cargo para la actual gestión.
La aeronavegación es un servicio absolutamente esencial, que no tiene que estar medido en términos de rentabilidad empresaria sino de integración de las rutas aéreas con el resto del sistema de transporte, de servicios turísticos, de transporte de cargas, de integración regional, en definitiva, de la marca que un país tiene que exhibir en el mundo. Esta es una primera salvedad de carácter absoluto, y con este mismo planteo voy a terminar mi exposición, luego de los cinco minutos asignados.
En segundo lugar, con toda humildad y el mayor de los respetos, pero con la fuerza de las convicciones, quiero decir en la cara al señor secretario que cuando veo la situación del transporte automotor en la Argentina, la situación del sistema ferroviario, y la situación no sólo de Aerolíneas Argentinas sino de toda la política de navegación aerocomercial en el país, y considerando que usted entra en el sexto año de gestión no está en los inicios de su gestión , estoy en las antípodas y lisa y llanamente repudio la política de transporte público de este gobierno, que está en la órbita de su Secretaría.
En tercer término, quiero señalar lo que usted hizo en los minutos que se nos restó y fue ése el enfoque que intenté hacer hoy en la pequeña interrupción que hice, sin que la señora presidenta me hubiera concedido la palabra: primero hizo una lectura del resumen de lo que nosotros afortunadamente tenemos hace varios días; en la segunda parte dijo que Aerolíneas Argentinas andaba mal. No esta última o dos últimas semanas desde el acuerdo de rescate, pero antes no había día en que cuando uno se levantaba y escuchaba los programas informativos o leía los diarios, o cuando se acostaba viendo los noticieros de televisión, no oyera la indignación de los pasajeros por los problemas e incumplimientos de Aerolíneas. De modo que usted nos restó tiempo de un debate más profundo para decir algo que conoce desde el primero al último de los ciudadanos, o por lo menos los que están relacionados con la aeronavegación en la Argentina. Y en tercer lugar, lo que me pareció más valioso porque ahí hubo un aporte, agregó unas planillas de deuda donde se detallan algunos de los montos que en el informe están dichos de manera generalizada. Esta última parte fue donde hizo un aporte más allá de lo que todos nosotros antes de venir a esta reunión ya sabíamos.
El cuarto punto se refiere a que nosotros no estamos hablando de números. Si bien los números van a ayudar a una resolución de este problema; estamos hablando de conceptos muy fuertes y de conceptos políticos. Estamos hablando, primero, del imperio que tiene el Estado sobre una cuestión tan esencial como es el servicio a decenas de miles de ciudadanos diariamente, prestando –como decía al principio- un servicio esencial.
Estamos hablando de la recuperación del imperio del Estado sobre una línea de bandera, que tiene que ver con establecimiento de rutas, con el dictado de leyes de seguridad, con un plan integral de vuelos, y no son cosas menores y tienen que ver en última instancia con un proyecto de desarrollo.
Por lo tanto, la cuestión es eminentemente política. Estamos hablando de la relación del Estado, me refiero a estos últimos años, a la gestión Marsans, con un grupo que –por lo que usted dijo aquí y por lo que está escrito en la presentación que eleva el Poder Ejecutivo- está envuelto en conductas lisa y llanamente delictuales.
Es decir, vender aviones a otra empresa para después alquilárselos, el vaciamiento de la empresa Aerolíneas para que asuma todas las pérdidas hacia la empresa Austral para que asuma todas las ganancias; el tema de la pérdida de los simuladores, pero no lo estoy planteando desde un punto de vista simbólico sino desde cuánto le cuesta para engrosar ese pasivo de Aerolíneas que Aerolíneas haya entregado su política de capacitación de personal, no solamente propio sino de otras empresas y otros países.
En cuanto a los aviones que están en desuso, desde luego que hay que asumir un costo de reparación, pero también es necesario blanquear cómo se compensa ese costo de reparación con el costo que se paga por el estacionamiento de esos aviones por minuto y tonelada en los lugares que están estacionados sin poder capitalizarlos. Lo que estoy queriendo describir es que estamos ante una situación eminentemente delictual.
El quinto punto: ¿quién es Marsans? Figuran en el proyecto elevado los nombres y apellidos. Ellos son: el señor Gonzalo Pascual y el señor Gerardo Díaz Ferrán, miembros del grupo G y G, no hay un día en que no salgan sus actividades empresarias en los principales diarios de España y sus relaciones no solamente con el poder político sino con la propia Corona española.
Por lo tanto, si estamos hablando del vaciamiento fraudulento de una empresa por un grupo que es uno de los más poderosos grupos empresarios de España, y su firma de un acuerdo con el Estado argentino, estamos hablando de un eminente problema político. Me guía de alguna manera, y esto consta en la versión taquigráfica y no se va a poder borrar, tres expresiones casi textuales del señor secretario.
En primer lugar dijo, cuando terminaba su alocución principal: “Si fuera por mi pensamiento personal, no se debería pagar nada.” Primero, una empresa absolutamente vaciada, desquiciada, sin activos y con déficit operativo, coincido con el señor secretario, a pesar del repudio que hago a su filosofía de política, que aquí no se debería pagar nada.
La segunda expresión del señor secretario, figura en la versión taquigráfica: “Debe ser el Congreso de la Nación el que apruebe no este proyecto, sino el final del proceso, cuando esté tasada por ese tercer organismo, si no se ponen de acuerdo los dos organismos del Estado y del grupo Marsans.
Tercero, no durante su exposición sino en una de sus respuestas, el ingeniero Jaime dijo que no se hacía cargo de cómo fue vaciada la empresa. Cuando un secretario de Estado afirma que no se hace cargo de cómo fue vaciada una empresa, políticamente está admitiendo, en nombre del Poder Ejecutivo, que hubo un vaciamiento fraudulento.
Entonces, si hubo un vaciamiento, ¿cuál es el plan? Luego, en caso de que lo hubiera, ¿cuáles son los términos del acuerdo político? Planteo el interrogante porque sabemos quién es Marsans, porque hay delitos de por medio, porque hay una deuda que no podemos permitir que los argentinos paguen y porque el embajador Bettini fue mencionado no por su condición de diplomático de carrera sino por sus históricas relaciones comerciales con España.
Todo esto hace presuponer que puede haber un acuerdo político. Nos gustaría saber, por ejemplo, si se estableció de antemano un precio en un acuerdo político llevado a cabo por fuera de este recinto; no nos gustaría que nos hagan estudiar durante muchas semanas un proyecto si ese precio ya fue fijado.
¿Cuál es la deuda que el Estado argentino asumirá? ¿Cuál es la responsabilidad penal por el vaciamiento fraudulento de uno de los grupos empresarios más poderosos de España?
Finalmente me gustaría saber por qué no se analizan las figuras que nuestras propias leyes concursales y de sociedades establecen para casos de emergencia, como por ejemplo la caducidad de la concesión y, cuando se trata de un servicio público, la garantía de continuidad de la empresa.
Si la República Argentina asume la responsabilidad de estatizar una empresa es porque asume la filosofía de que presta un servicio esencial y que, por lo tanto, no será privatizada. De lo contrario, estaremos repitiendo la historia de las últimas décadas: la de un Estado bobo que asume y socializa en cabeza de todos los argentinos las deudas para luego privatizar el disfrute de una empresa saneada. Esto, tampoco podemos permitirlo.
La aeronavegación es un servicio absolutamente esencial, que no tiene que estar medido en términos de rentabilidad empresaria sino de integración de las rutas aéreas con el resto del sistema de transporte, de servicios turísticos, de transporte de cargas, de integración regional, en definitiva, de la marca que un país tiene que exhibir en el mundo. Esta es una primera salvedad de carácter absoluto, y con este mismo planteo voy a terminar mi exposición, luego de los cinco minutos asignados.
En segundo lugar, con toda humildad y el mayor de los respetos, pero con la fuerza de las convicciones, quiero decir en la cara al señor secretario que cuando veo la situación del transporte automotor en la Argentina, la situación del sistema ferroviario, y la situación no sólo de Aerolíneas Argentinas sino de toda la política de navegación aerocomercial en el país, y considerando que usted entra en el sexto año de gestión no está en los inicios de su gestión , estoy en las antípodas y lisa y llanamente repudio la política de transporte público de este gobierno, que está en la órbita de su Secretaría.
En tercer término, quiero señalar lo que usted hizo en los minutos que se nos restó y fue ése el enfoque que intenté hacer hoy en la pequeña interrupción que hice, sin que la señora presidenta me hubiera concedido la palabra: primero hizo una lectura del resumen de lo que nosotros afortunadamente tenemos hace varios días; en la segunda parte dijo que Aerolíneas Argentinas andaba mal. No esta última o dos últimas semanas desde el acuerdo de rescate, pero antes no había día en que cuando uno se levantaba y escuchaba los programas informativos o leía los diarios, o cuando se acostaba viendo los noticieros de televisión, no oyera la indignación de los pasajeros por los problemas e incumplimientos de Aerolíneas. De modo que usted nos restó tiempo de un debate más profundo para decir algo que conoce desde el primero al último de los ciudadanos, o por lo menos los que están relacionados con la aeronavegación en la Argentina. Y en tercer lugar, lo que me pareció más valioso porque ahí hubo un aporte, agregó unas planillas de deuda donde se detallan algunos de los montos que en el informe están dichos de manera generalizada. Esta última parte fue donde hizo un aporte más allá de lo que todos nosotros antes de venir a esta reunión ya sabíamos.
El cuarto punto se refiere a que nosotros no estamos hablando de números. Si bien los números van a ayudar a una resolución de este problema; estamos hablando de conceptos muy fuertes y de conceptos políticos. Estamos hablando, primero, del imperio que tiene el Estado sobre una cuestión tan esencial como es el servicio a decenas de miles de ciudadanos diariamente, prestando –como decía al principio- un servicio esencial.
Estamos hablando de la recuperación del imperio del Estado sobre una línea de bandera, que tiene que ver con establecimiento de rutas, con el dictado de leyes de seguridad, con un plan integral de vuelos, y no son cosas menores y tienen que ver en última instancia con un proyecto de desarrollo.
Por lo tanto, la cuestión es eminentemente política. Estamos hablando de la relación del Estado, me refiero a estos últimos años, a la gestión Marsans, con un grupo que –por lo que usted dijo aquí y por lo que está escrito en la presentación que eleva el Poder Ejecutivo- está envuelto en conductas lisa y llanamente delictuales.
Es decir, vender aviones a otra empresa para después alquilárselos, el vaciamiento de la empresa Aerolíneas para que asuma todas las pérdidas hacia la empresa Austral para que asuma todas las ganancias; el tema de la pérdida de los simuladores, pero no lo estoy planteando desde un punto de vista simbólico sino desde cuánto le cuesta para engrosar ese pasivo de Aerolíneas que Aerolíneas haya entregado su política de capacitación de personal, no solamente propio sino de otras empresas y otros países.
En cuanto a los aviones que están en desuso, desde luego que hay que asumir un costo de reparación, pero también es necesario blanquear cómo se compensa ese costo de reparación con el costo que se paga por el estacionamiento de esos aviones por minuto y tonelada en los lugares que están estacionados sin poder capitalizarlos. Lo que estoy queriendo describir es que estamos ante una situación eminentemente delictual.
El quinto punto: ¿quién es Marsans? Figuran en el proyecto elevado los nombres y apellidos. Ellos son: el señor Gonzalo Pascual y el señor Gerardo Díaz Ferrán, miembros del grupo G y G, no hay un día en que no salgan sus actividades empresarias en los principales diarios de España y sus relaciones no solamente con el poder político sino con la propia Corona española.
Por lo tanto, si estamos hablando del vaciamiento fraudulento de una empresa por un grupo que es uno de los más poderosos grupos empresarios de España, y su firma de un acuerdo con el Estado argentino, estamos hablando de un eminente problema político. Me guía de alguna manera, y esto consta en la versión taquigráfica y no se va a poder borrar, tres expresiones casi textuales del señor secretario.
En primer lugar dijo, cuando terminaba su alocución principal: “Si fuera por mi pensamiento personal, no se debería pagar nada.” Primero, una empresa absolutamente vaciada, desquiciada, sin activos y con déficit operativo, coincido con el señor secretario, a pesar del repudio que hago a su filosofía de política, que aquí no se debería pagar nada.
La segunda expresión del señor secretario, figura en la versión taquigráfica: “Debe ser el Congreso de la Nación el que apruebe no este proyecto, sino el final del proceso, cuando esté tasada por ese tercer organismo, si no se ponen de acuerdo los dos organismos del Estado y del grupo Marsans.
Tercero, no durante su exposición sino en una de sus respuestas, el ingeniero Jaime dijo que no se hacía cargo de cómo fue vaciada la empresa. Cuando un secretario de Estado afirma que no se hace cargo de cómo fue vaciada una empresa, políticamente está admitiendo, en nombre del Poder Ejecutivo, que hubo un vaciamiento fraudulento.
Entonces, si hubo un vaciamiento, ¿cuál es el plan? Luego, en caso de que lo hubiera, ¿cuáles son los términos del acuerdo político? Planteo el interrogante porque sabemos quién es Marsans, porque hay delitos de por medio, porque hay una deuda que no podemos permitir que los argentinos paguen y porque el embajador Bettini fue mencionado no por su condición de diplomático de carrera sino por sus históricas relaciones comerciales con España.
Todo esto hace presuponer que puede haber un acuerdo político. Nos gustaría saber, por ejemplo, si se estableció de antemano un precio en un acuerdo político llevado a cabo por fuera de este recinto; no nos gustaría que nos hagan estudiar durante muchas semanas un proyecto si ese precio ya fue fijado.
¿Cuál es la deuda que el Estado argentino asumirá? ¿Cuál es la responsabilidad penal por el vaciamiento fraudulento de uno de los grupos empresarios más poderosos de España?
Finalmente me gustaría saber por qué no se analizan las figuras que nuestras propias leyes concursales y de sociedades establecen para casos de emergencia, como por ejemplo la caducidad de la concesión y, cuando se trata de un servicio público, la garantía de continuidad de la empresa.
Si la República Argentina asume la responsabilidad de estatizar una empresa es porque asume la filosofía de que presta un servicio esencial y que, por lo tanto, no será privatizada. De lo contrario, estaremos repitiendo la historia de las últimas décadas: la de un Estado bobo que asume y socializa en cabeza de todos los argentinos las deudas para luego privatizar el disfrute de una empresa saneada. Esto, tampoco podemos permitirlo.
