Sr. Raimundi.- Señor presidente: con algunas palabras me gustaría ayudar a mantener el clima de esta etapa de la reunión, a diferencia de lo que ocurrió al comienzo de la misma, tratando de hacer algún aporte conceptual.
En primer lugar creo que, sin decirlo explícitamente, hemos ratificado la legitimidad de este Parlamento, porque no hay Parlamentos legítimos para discutir algunas cosas e ilegítimos para discutir otras. (Aplausos.)
Además, el problema no es discutir ahora o discutir después. La Argentina desgraciadamente está discutiendo ahora lo que tendría que haber discutido mucho antes.
Este proyecto es muy importante, pero mucho más importante es el debate en la sociedad; es todo lo que pone en evidencia la discusión de un proyecto de ley de medios, porque los medios tiñen todo.
Fíjense que con la excusa, en el mejor sentido, de discutir este proyecto de ley específico, podríamos muy bien llegar al compromiso expreso de todas las bancadas de estudiar la prioridad de denunciar los tratados de protección de inversiones. No es algo distinto, sino que va en el mismo sentido, porque si hay un proyecto de ley que realza los contenidos nacionales, pero al mismo tiempo está sujeto a un tratado internacional que pone a la Argentina para ser juzgada en tribunales internacionales, hay una flagrante contradicción que este Congreso, por su dignidad y no por la diferencia entre oficialismo y oposición , tiene que comprometerse a priorizar.
Este debate, señor presidente y señor interventor, es un debate de la ciencia política moderna, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo, porque nos lleva a volver a poner las cosas en su naturaleza. El vacío de legitimidad pública que ha tenido la política en los últimos tiempos ha sido ocupado por los poderes económicos y por su principal brazo ejecutor, que han sido las grandes cadenas de medios de comunicación.
Entonces, lo que estamos discutiendo es que los medios –cuando la sola palabra remite a la noción de vehículo o de vector, cuya naturaleza es la obligación de transmitir la realidad para formar una opinión pública independiente- han pasado a la categoría de ser constructores de esa realidad y de la agenda de prioridades de la sociedad, que es lo que nunca debió haber resignado la política. Y esto no es cuestión de oficialismo u oposición, porque si la oposición cree que va a ganar pero para eso negara una discusión de este tipo, cuando el día de mañana, si aspirara a ser oficialismo con la gracia de algún medio, y quisiera tomar una medida autónoma o independiente no podría salir de la esclavitud. Y si al oficialismo, creyendo que gana una batalla porque controla desde el Poder Ejecutivo, mañana le tocara ser oposición, terminaría siendo esclavo del poder político del Ejecutivo de turno.
Por lo tanto, esta discusión nos lleva a debatir el concepto de periodismo independiente. Como dijo el señor diputado Bonasso, hay que luchar por un periodismo independiente del poder político y del gobierno, pero hay que luchar por un periodismo independiente de los poderes económicos que condicionan la opinión de los periodistas y la formación de la opinión pública. (Aplausos).
Escuché varias veces en este debate la idea de “poner en palabras”, y nosotros, que venimos de una campaña electoral, no sólo pusimos en palabras sino en algo mucho más poderoso que las palabras, como son las imágenes, cómo la política abandonaba los escenarios y cómo para poder existir y para poder ser conocidos en los lugares donde menos se analiza desde el punto de vista ideológico y conceptual, pero que son los que determinan el camino de una sociedad, había que abandonar el escenario del debate de ideas y entrar obligatoriamente en el escenario de la comedia. Eso es lo que está en debate en este proceso, señor presidente y señor interventor, y por eso es tan importante.
Yo sé perfectamente, porque me consta en carne propia, los perjuicios que trae decir algunas cosas antipáticas para algún medio. Pero hay algo peor todavía que quedar marginado de un medio, que es creer que uno entra y que después puede salir. ¡Cuidado!, porque el que entra por una concesión después no sale cuando se le ocurre decir una coma distinta a lo que le obligan en esa humillación, tanto el poder político como el poder económico. (Aplausos).
Señor presidente: no siento que estemos exclusivamente ante un proyecto del Poder Ejecutivo; siento que estamos ante un proyecto muy susceptible de mejoras, cuya orientación general comparto porque viene de un sujeto social, que es el que valoro fundamentalmente. Me refiero a todas las organizaciones técnicas, profesionales y no profesionales de derechos humanos y de la sociedad civil que integraron la iniciativa ciudadana que formuló los veintiún puntos que son la base conceptual de este proyecto. (Aplausos.)
Por lo tanto, ni conceptualmente ni en el tiempo partimos de cero. No partimos de cero. No empieza el debate hoy. Esto es una parte de un debate que ya viene alimentado por los foros, las mesas redondas y las audiencias públicas que se hicieron en distintos lugares del país.
Con esto no estoy diciendo que cortemos el debate sino que lleguemos a un equilibrio. Porque si debatimos el tema en todas las comisiones y analizamos todos los puntos y comas de los artículos, en definitiva la conclusión de ese “hiperdebatismo” llevaría a la misma conclusión que el no debatir, que es no llegar a ninguna conclusión. Esto también se lo digo a los sectores que se les pueda haber cruzado por la cabeza la idea de dilatar tanto este debate de tal manera que no se termine.
También se lo digo al gobierno, en el sentido de que no vaya a ser, como ha pasado con otras cuestiones, que aliados que podrían tener –no digo en el Parlamento sino en la sociedad- y que aprobarían muchas de las cosas que señala este proyecto, se los ponen en contra por una cuestión de estilo o de formato, o por querer cerrar el libro de las discusiones antes de tiempo. Ni un extremo ni el otro, y vamos a llegar a un equilibrio razonable.
Existe otra cuestión muy importante que se pone en evidencia en todo este proceso. El otro día escuchaba un reportaje en un medio y un periodista le decía al entrevistado que el medio tiene el derecho de poner el título que quiera y el zócalo que quiera. La verdad es que tiene razón, pero si este debate se da a fondo y se lleva a la sociedad, el medio va a seguir teniendo el derecho de poner todos los títulos que quiera, pero la sociedad también va a poder ejercer el derecho de saber qué intereses económicos hay detrás de cada título y de cada zócalo que colocan los medios de comunicación sobre una determinada realidad.
Voy a concluir, señor presidente, con algunas propuestas concretas del proyecto.
Yendo a las propuestas, señor presidente, me voy a referir a la autoridad de aplicación. Sólo con el hecho de contemplar las minorías parlamentarias hay un avance cualitativo importante, que es que se pulveriza el secreto, se supone salvo que sean cooptadas las minorías parlamentarias, o las mayorías; da exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que se termina con una cuestión histórica, que es la defensa corporativa de los medios en un ámbito secreto de decisiones. De todas maneras, recién se planteó -si no entendí mal, usted lo dijo así- que en ningún lugar hay mayoría de la oposición y minoría del Poder Ejecutivo.
Aquí lo que tenemos que ver no es que la opción sea “la mayoría del Ejecutivo y la minoría de la oposición, o viceversa”, sino que hay que salir de esa lógica y poner a la mayor cantidad posible de sectores, del mundo académico y de la sociedad civil, para que esa ruptura del secreto no sea sólo por las minorías parlamentarias sino por la presencia de todos los involucrados en el tema de la comunicación. Hay que buscar la manera de abrir sin perder ejecutividad y sin perder de vista que el Poder Ejecutivo tiene el derecho de ejercer el Poder Ejecutivo.
Creo que hay que explorar distintas alternativas para abrir: se lo puede hacer por el lado de la integración a la autoridad, o bien estableciendo vínculos con los otros organismos que conviertan en vinculantes o en obligatorias las opiniones de los otros ámbitos de control y de autoridad que fija este proyecto de ley. Se trata de todas cuestiones a explorar.
Ahora me voy a referir a la autoridad de aplicación. Hay otra fórmula: como la autoridad de aplicación tiene un plazo de cuatro años y el Poder Ejecutivo en la Argentina también tiene un plazo de cuatro años, una manera de garantizar la independencia es que estén intercalados los mandatos. Es decir, que no coincida que el Poder Ejecutivo tenga durante sus cuatro años de mandato la misma autoridad de aplicación o que la autoridad de aplicación tenga durante los cuatro años el mismo Poder Ejecutivo. Esta es una alternativa que proponemos.
El artículo 40 ya fue aclarado acá. Dice expresamente que no se tocan los derechos de quienes hayan sido adjudicados. Esto lo digo porque durante semanas estuvimos escuchando la idea de que le otorgan una licencia y, si no les gusta, a los dos años se la sacan. No es así lo que dice el artículo 40. Una de cal y una arena.
Por otra parte, el proyecto habla de audiencia pública para renovar las licencias en la prórroga de diez años. Dice: para conceder, concurso, y para renovar, concurso más audiencia pública. ¿Por qué no poner la audiencia pública como prerrequisito para la primera adjudicación? Esta es otra de las alternativas que planteamos.
Otra de nuestras propuestas es crear la figura del defensor público, no solamente a nivel nacional sino también de las regiones o de las provincias.
También proponemos expresamente un mecanismo de veda electoral. Estas son cuestiones que seguramente después va a señalar la diputada Belous, que es la que ha elaborado la propuesta específica e integra la Comisión de Comunicaciones e Informática.
Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de Cine me ha hecho una consulta sobre el artículo 59. Me gustaría que se tome nota de esto porque al final de dicho artículo se dice que quedan exceptuadas de la obligación de poner contenidos de cine nacional aquellas películas que hayan recibido subsidios del INCAA, pero resulta que estas últimas representan el 90 por ciento de la producción de cine nacional. Y desde el punto de vista cultural, creo que es muy importante que la gente pueda ver cine nacional por televisión.
Voy a terminar mi exposición hablando del tema de las telefónicas. No voy a ofrecer una propuesta de artículo sino un concepto. Voy a decir mi opinión personal –no comprometo a mi bloque-: creo que hay mecanismos restrictivos. Hay mecanismos de desconcentración previos, que son los de la interoperabilidad, la portabilidad numérica, el tema de que tienen que cumplir el requisito de los precios de mercado, que tienen que conformar una unidad de negocios distinta, que tienen que tener contabilidad separada. No quiero hacer el listado; para eso hay que leer la ley.
Están los límites territoriales, los límites al 35 por ciento de los usuarios, los límites al 33 por ciento de las empresas con fines de lucro. Hay muchos límites. Si aun así por la talla de negocios de un nuevo operador no se garantizara la desmonopolización, hay que encontrar mecanismos que garanticen la no posición dominante, pero desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista político.
¿Saben por qué? Vamos a hablar clarito: porque si nosotros decimos que esto hay que sacarlo de plano, le damos la victoria simbólicamente a uno de los actores. Si decimos que entren tal como está, le damos por perdida una y por ganada otra. Y la verdad es que cuando está en juego el derecho de información pública de un pueblo, existiendo la posibilidad de acceder en términos de mucha eficiencia tecnológica, no se le puede negar a la gente esa posibilidad y no se puede permitir volver a posiciones dominantes.
Por lo tanto, hay que encontrar un mecanismo de saldar esto desde el punto de vista técnico, porque a mí me resulta difícil, por la evolución tecnológica, encontrar un mecanismo de prestación de esta tecnología por una vía que no sea la de la fibra óptica que manejan las telefónicas. Lo que no quiero es, por dar una batalla política, quedar afuera del rumbo histórico de la tecnología, que me dice: esto no se puede prestar por medio de otra tecnología que no sea ésta. Pero si esa tecnología la prestan una o dos empresas, no quiero que dominen el mercado.
Saquemos esto de la batalla política y hagámoslo entrar en la cuestión de la eficiencia de la técnica, teniendo como sustrato el derecho del pueblo a recibir el servicio como corresponde.
Desde luego que hay otras cuestiones, señor presidente, pero termino aquí, simplemente como algunos aportes preliminares a un debate, que espero sea todo lo rico que debe ser. (Aplausos.)
