Prensa

Cuando nuestra realidad difiere de nuestras expectativas, provoca un pozo en el que caemos y nos angustia. Nos pasa a todos y quedamos frustrados. Sentimos bronca porque no podemos llegar adonde queremos estar, y se transforma en tristeza.

El poder popular y la economía solidaria

El proceso sudamericano está incorporando la dimensión social, a la noción clásica de la democracia política.

Entre otros cambios de paradigmas de esta etapa argentina, está la recuperación de nuestra dimensión latinoamericana, o, si algunos prefieren, sudamericana. La ampliación del Mercosur como factor de integración básicamente aduanera, las cumbres de Unasur como decisor político, la negativa al ALCA, el Banco del Sur y el Consejo de Defensa Regional, la coordinación entre sus Bancos Centrales, la creación de una unidad de valor que rija el intercambio regional con prescindencia del dólar, enmarcan un proceso de persistente emancipación respecto del tutelaje económico y político al que fuimos históricamente sometidos. No sólo por parte de los EE UU, sino también de los conglomerados trasnacionales económicos y financieros. Siempre de la mano de gobiernos serviles, o cuanto menos débiles, y de conocidas oligarquías internas.


Al calor de estas políticas comunes para alcanzar la recuperación de la propiedad pública de los recursos naturales y energéticos, o la integración en infraestructura, o la conectividad para el desarrollo, surge la necesidad de consolidar el proceso desde lo institucional. Se trata de batallas muy duras, de una dureza proporcional a la magnitud de los intereses afectados. Cuando se trata de romper una estructura histórica de concentración y desigualdad, para remplazarla por una nueva matriz igualitaria en los campos de la inversión, la producción, la comercialización y la distribución de las riquezas y los ingresos, lo que se disputa es, sencillamente, el poder.
Hoy no parece haber condiciones en el mundo para remplazar el capitalismo por el marxismo, ya sea desde su versión ortodoxa, como de sus adecuaciones sobrevinientes. Pero sí de denunciar los límites, trampas y contradicciones de la “globalización”. Sus injusticias, las heridas al medioambiente, la concentración morbosa de la riqueza, el empobrecimiento masivo. Y, finalmente, la reciente crisis ¿financiera? que azota a las zonas más desarrolladas. Lo que sí parece viable –y necesario– es profundizar la regulación de los mercados que marca el presente de muchos de los gobiernos sudamericanos, a partir de su compromiso con los sectores históricamente más desprotegidos.
Políticas que han ampliado cuantitativa y cualitativamente el universo de los sujetos involucrados en los procesos de cambio. No sólo desde su simple adhesión, sino desde su militancia, desde la organización social y sus crecientes responsabilidades de gobierno. Cuando una etapa incorpora más sujetos, cuando esos sujetos discuten más temas, y cuando esos temas son cada vez más importantes, estamos ante la ampliación de la Democracia. Es decir, el proceso sudamericano está incorporando la dimensión social, a la noción clásica de la democracia política. Tomemos como ejemplo a la Argentina. Si trazamos una línea de tiempo de nuestro proceso político a partir de 1983, veremos que se han seguido todos los pasos institucionales. Tanto en la entrega anticipada de Alfonsín a Menem, como las sucesiones de De La Rúa y Duhalde, se cumplió lo ordenado por la Constitución. Ahora bien, si trazáramos en paralelo otra línea de tiempo del proceso socioeconómico, veremos que, mientras se cumplía formalmente la ley, cuestiones fundamentales como el endeudamiento, la desocupación y la pobreza, sufrieron caídas estructurales. Esto indica que, sin perjuicio de la importancia de la democracia política, esta no asegura per se la prosperidad ni la igualdad, sino que, inclusive, puede deteriorarlas drásticamente. Es decir, está pendiente completar la democracia política con la democracia económica y social. No hay verdadera democracia cuando el pueblo vota, sino cuando el pueblo decide. Y, en etapas como el actual proceso sudamericano, son los liderazgos fuertes y una militancia muy comprometida los que garantizan ese camino a la igualdad, la integración y el desarrollo, mucho más de lo que lo ha hecho el mero cumplimiento formal de las instituciones demoliberales, a lo que tantos formadores de opinión asocian con la “calidad institucional”.
Dos ejemplos más para convalidar este juicio. Primero, el reciente golpe que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dado precisamente por el Parlamento. El segundo, cuando la Asamblea constituyente de Bolivia no aprobó prohibir los latifundios mayores a 5000 hectáreas, y, sin embargo, ese mismo artículo, sometido a plebiscito, fue apoyado por más del 80% de la población. Esto explica cómo en nuestros países se ha renovado parcialmente la democracia, mucho más a nivel de los liderazgos y la militancia, propios de la democracia social y participativa, que de los parlamentos –legado principal del sistema meramente representativo– que en estos casos expresan más los intereses de la corporación política que la voluntad del pueblo.
Esto de ninguna manera desprecia los contenidos más profundos del concepto “república”, en la medida que demuestra su compromiso absoluto con lo público. Nunca como ahora se han respetado los grandes ejes de lo público como la libertad de reunión, la libertad de expresión llevada a niveles de agravio a la autoridad nunca antes vistos, la libertad para decidir la orientación sexual y las iniciativas de género, la condena a las violaciones de los Derechos Humanos, la simplificación del matrimonio, la adopción y el divorcio en el nuevo Código Civil, el acceso igualitario a Internet para los estudiantes primarios y secundarios, el ingreso a la Universidad Pública de miles de estudiantes de familias humildes del Conurbano, y tantos otros. A diferencia de los procesos de ajuste, que propicia el liberalismo económico a partir del autoritarismo político –ya sea por vía de la represión o de la despolitización– este proceso histórico recupera la capacidad de intervención estatal –es decir de la sociedad– en la economía, mientras garantiza todas las libertades civiles y políticas.
Creo haber enunciado algunos ejes que justifican el cambio de etapa. Y, con ese cambio de etapa, la necesidad de su institucionalización, de elevar a rango constitucional los nuevos derechos, de modo de, por un lado, dificultar su reversibilidad, y, por otro, acercarlos al plano de los derechos adquiridos por el pueblo, de modo que la sociedad –incluso el poder– los internalicen de modo definitivo. Podría graficarlo diciendo que, en otras épocas que jamás deben volver, el pueblo soportó bombardeos, golpes, proscripciones, y hasta un genocidio. Pero el poder no pudo arrebatarle el aguinaldo.
Todo esto justifica, por sí mismo, la oportunidad de una reforma constitucional. Pasar de un sistema constitucional que gira en torno de la propiedad privada a poner como eje el valor de la igualdad y los derechos sociales. Pasar del concepto clásico de Estado de Derecho al paradigma sudamericano de nuestros tiempos, el Estado Social de Derechos. Atender, como pilares de una nueva norma fundamental, a las instituciones del Poder Popular y de la Economía Social y Solidaria.
Así, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su preámbulo un Estado “donde predomine la búsqueda del vivir bien”, “inspirado en las luchas del pasado, la sublevación indígena anticolonial, la independencia, las luchas populares de liberación, las marchas indígenas, sociales y sindicales, las guerras del agua y de octubre, las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de sus mártires”. Y consagra instituciones del poder popular como la “democracia comunitaria”, la “participación de la población organizada en la toma de decisiones”, “la educación descolonizadora”, “la acción popular”, “la iniciativa ciudadana” para confeccionar leyes, la elección popular de los magistrados y del Consejo de la Magistratura y la “sencillez administrativa”. E instituciones de la Economía Social y Solidaria como el “sistema único de salud gratuito, intracultural e intercultural” y “la producción de medicamentos genéricos”, “las formas comunitarias de propiedad y de producción” y la “función social de la propiedad”, cuyo uso no puede ser nunca “perjudicial al interés colectivo”, y donde “todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo, reducir desigualdades y erradicar la pobreza”. “El Estado fomentará las entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva”, los recursos naturales son de propiedad directa, indivisible e imprescriptible del pueblo y no pueden inscribirse en los mercados de valores ni utilizarse para operaciones financieras, y el incumplimiento de la función social de la tierra privada la devuelve al pueblo.
En el mismo sentido, la Constitución de Ecuador de 2008 comienza con un “nosotros y nosotras”, apelando a la sabiduría de todas las culturas, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a toda forma de dominación y colonialismo, con la decisión de construir la convivencia en armonía con la naturaleza para alcanzar el “buen vivir”. Consagra como “derechos de la naturaleza”, aquellos que no son de las personas sino de la madre tierra. Le dedica especial atención a la función de Rehabilitación Social del Sistema Carcelario. Y establece el “sistema económico social y solidario”, y da tratamiento preferencial al “sector popular y solidario” del sistema financiero.
Así también podríamos analizar el Proyecto de Reforma Constitucional de Venezuela de 2007, que, entre otras cosas, garantiza diferentes formas de propiedad –pública, social, colectiva y mixta– además de la clásica propiedad privada del modelo liberal. Y los proyectos de reforma constitucional, que, entre otros, reconocen el “derecho a la felicidad”. En definitiva, hay razones políticas, clima de época y antecedentes en la región, que justifican avanzar hacia una Constitución basada en los derechos sociales, la organización del poder popular y la economía social y solidaria, como alternativa a la presente crisis del capitalismo, y sus desgastadas fórmulas de ajuste. 

 

Publicado en Tiempo Argentino 24.08.2012

 

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La disputa por la hegemonía es nuestra

Hoy no son los tanques en las calles. Son los golpes blandos como los que se intentaron en Bolivia o Ecuador. 

 

Posiblemente, a quien lee esta nota le sucede con familiares o amigos con quienes comparte valores y formas de vida, que, a la hora de valorar la actualidad política, encuentra diferencias profundas y en algunos casos abismos. No me refiero al odio que algunos de ellos arrastran frente a la impertinencia histórica del peronismo, lo que, en otras palabras, Mempo Giardinelli llamaría "gorilas". Tampoco me refiero a su opinión sobre medidas concretas del gobierno. Me concentraré en esa predisposición de algunos para situarse en un lugar de equidistancia, neutralidad, indiferencia o ajenidad, respecto de la batalla cultural, la batalla por el sentido, la batalla por la hegemonía política que se está librando por nuestros días en América del Sur, y en la Argentina en particular.


"Que no me metan en una pelea que no es mía", "qué tengo que ver yo con eso", "es una guerra de la cual no me siento parte…", acostumbramos a escuchar de boca de esos pretendidos neutrales, que no quieren verse involucrados en la batalla entre el gobierno popular y las grandes corporaciones, encabezadas por el Grupo Clarín.
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La reforma constitucional y el contexto sudamericano


Sin aferrarme a ningún dogma ideológico, afirmo que el Imperialismo existe y está plenamente vigente.


    Todas las medidas adoptadas hasta ahora por las economías desarrolladas con la pretensión de paliar su crisis confirman la decisión de persistir en el modelo financiero, que, precisamente, es el causante de la misma. En lugar de dirigirlas al estímulo de sus fuerzas productivas, van al rescate de los bancos, es decir, de quienes nuclean el tráfico de derivados financieros que apresuró el estallido, debido a su desconexión de la economía real. 

La insistencia en el desenfreno financiero por parte de los países del Norte, va acompañada de una demanda cada vez mayor de recursos energéticos que no poseen en la medida de sus necesidades, y, por lo tanto, conlleva al control político y militar de zonas estratégicas. La naturaleza misma del modelo los lleva a repetir el ciclo de dominación ilimitadamente, tanto en su sostenimiento en el tiempo como en su inescrupulosidad en cuanto a los medios.
Se trata de un círculo vicioso del cual América Latina no es ajena desde hace cinco siglos, y, en especial, desde nuestro proceso emancipatorio, a principios del siglo XIX. Y que nos costó la sangre de miles de mártires. La diferencia que marca esta primera década del siglo XXI es la confluencia de gobiernos populares, encarnados por liderazgos muy fuertes, dispuestos a cuestionar aquella hegemonía de la dependencia económica, la depredación de los recursos naturales y el tutelaje político-ideológico.

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El déficit financiero es un déficit de gestión


Hay quienes inscriben el problema financiero de la provincia de Buenos Aires exclusivamente dentro del concepto de coparticipación. Para mí, esta es una arista, pero no la única.

La coparticipación es mucho más amplia que ajustar salarios, y la política de Scioli deriva de cuestiones muy diversas de la pura coparticipación. Una cosa es que el Congreso esté en falta en la sanción de una ley de coparticipación, pero muy distinto sería decir que la Nación está en falta con las provincias.
Los planes federales de infraestructura y vivienda, la construcción de escuelas, el subsidio a la energía para fábricas y hogares, la masa coparticipable de las retenciones o el salvataje fiscal de 2010 con años de gracia para su devolución, entre tantas otras medidas, demuestran la fuerte incidencia nacional sobre la economía de las provincias. Hay que sumar la Asignación Universal, las cooperativas de trabajo, el subsidio a los nuevos empleos, los créditos del Bicentenario o la última directiva del BCRA para que los bancos destinen el 5% de su cartera a créditos para pymes. Al estimular la producción y el empleo, los recursos federales desalientan conflictos sociales en las provincias.
Buenos Aires, no sólo no es ajena a esta fortísima asistencia del gobierno nacional, sino que ha sido una de las principales beneficiadas, además, con las redes de agua potable, cloacas y desagües. El 43% de los fondos con que funciona normalmente la provincia proviene de recursos nacionales.
Si bien es cierto que Buenos Aires arrastra un déficit estructural desde los '80, el actual problema financiero es consecuencia de la mala gestión de los recursos propios. Un gobernante que promedia su segundo mandato no puede argumentar sorpresa, y mucho menos victimizarse o tirar la pelota para el lado de la ‘emergencia’.
Una emergencia se justificaría, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural, pero jamás para dilatar el pago del aguinaldo, previsto desde que se  aprobara el presupuesto que el propio Ejecutivo provincial preparó y envió a la Legislatura hace un semestre.

La provincia tiene demorada una profunda reforma administrativa que agilice su pesada burocracia y libere energías hacia áreas sociales postergadas. Tiene demorada su regionalización, la reforma tributaria y la producción pública de medicamentos. Con sólo coordinar con los intendentes y las universidades sitas en suelo provincial, la gran cantidad de programas cooperativos de trabajo, tornaría más eficientes sus finanzas. Pero para ello hace falta criterio. Y liderazgo.
Y esto me lleva a mencionar la cuestión de fondo, aunque por razones de espacio no pueda desarrollarla. La sola comparación entre las medidas contracíclicas del gobierno nacional con el ajuste salarial de Scioli, basta para advertir que el gobernador es responsable de un profundo déficit en su gestión. Al mismo tiempo, representa un universo simbólico, ideológico y político tan distinto de lo que representa nuestra presidenta y el Proyecto Nacional, que ya podemos dar por descartado que Scioli pueda ser quien, en 2015, aspire a continuar los profundos cambios que nuestro país viene experimentando desde 2003.


Publicado en Tiempo Argentino 10/07/2012

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" CHARLANDO CON HEBE."



Hebe de Bonafini: -Carlos, gracias por venir, contanos un poquito tu historia…


Carlos Raimundi: -Hebe, gracias a vos por permitirme este honor de acompañarte y acompañar a las Madres en este lugar que traspira dignidad. Antes de responderte, quiero decir a los presentes que tengo una sensación corporal que es sentirme pequeño ante tanta grandeza.

Yo estuve en el partido radical, pero nunca me sentí radical. En plena militancia universitaria, en La Plata, reabrimos el Centro de Estudiantes de Derecho, que fue el primero que se recuperó durante la dictadura, y nos sentíamos atraídos por la figura de Alfonsín, abogado de derechos humanos, etc., frente a un PJ que terminó aceptando la autoamnistía de Bignone.

Durante mi primer mandato como Diputado, firmé muchos más proyectos con el Grupo de los Ocho, que integraban Chacho Álvarez y Germán Abdala, que con el bloque radical. Así fue que en 1994 me integré al Frepaso, como una alternativa a la izquierda de los partidos tradicionales. Al poco tiempo, pese a que el Frepaso había crecido desde la fuerte crítica al bipartidismo anacrónico, luego de una dura discusión interna termina asociándose a uno de aquellos partidos tradicionales y formando la Alianza.

El primer año de la Alianza es aquello de lo cual yo me autocritico. Porque apoyé un par de leyes sin leer correctamente que se trataba de un gobierno entregado desde su inicio. Digo esto porque, si bien es cierto que salir correctamente de la convertibilidad no era simple, sí lo era tomar la decisión política de relevar de sus cargos a personajes como Silvani, al frente de la DGI; Pou, al frente del Banco Central; Nazareno, al frente de la Corte, o Barra, al frente de la Auditoría. Y no se hizo. No se hizo porque habían negociado la continuidad con el menemismo, por lo tanto, todas las medidas que tomara iban en la dirección contraria al compromiso electoral asumido con el Pueblo. Cuando Cavallo propone el “déficit cero”, rompimos con la Alianza desde un grupo de diputados del Frepaso, y pasamos a integrar un interbloque con el ARI, en un momento en que Elisa Carrió aparecía como la emergente más clara de la crisis.

Hebe: -¿En aquel momento, dejaste de hacer política por algún tiempo?

Carlos: -No, desde mis comienzos, en otras palabras, desde que tengo memoria de mí mismo, nunca dejé la política. Además, tenía mandato hasta el año 2003, por lo cual me tocó vivir aquellos días de diciembre de 2001 como diputado nacional. La noche del 19 de diciembre estuve en la Plaza, en esa doble condición: la de un político a quien la gente criticaba severamente, y con razón, pero al mismo tiempo sin perder nunca mi conición de un ciudadano común que compartía lo que el Pueblo estaba criticando. Se trata de situaciones ante las cuales nos pone la vida, que no planificamos…

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