Sr. Raimundi.- Señora presidenta: voy a sumar argumentos para fundamentar el dictamen de minoría que firmamos con el bloque Buenos Aires para Todos, expresando la posición del bloque Solidaridad e Igualdad, la que luego será subrayada por otro de sus integrantes, y en el cierre por su presidente, el diputado Macaluse. Voy a tratar de hacerlo desde una perspectiva lo más propositiva posible, tratando de plantear una mirada distinta de la oficial y también de la de algunos agentes, tanto políticos como económicos, que pretenden tomarse de la crisis internacional para justificar el enfriamiento de la economía interna y por lo tanto el ajuste.
Hay que reconocer que en una situación similar de crisis externa en otras etapas la Argentina hubiera entrado en pánico, igual o peor que la de otros países del mundo, y en esta oportunidad eso no sucede. Pero así como en los noventa se planteó un discurso neoliberal hoy el discurso es antiliberal, y hay una lógica de intersección entre las dos cosas: la lógica del derrame.
Cuando uno escucha los fundamentos expuestos por el miembro informante y los integrantes del oficialismo, tanto en este debate como en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, observa que se justifica este presupuesto desde los grandes números. Esto implica una estructura de pensamiento que ya se utilizó en los noventa y ahora se vuelve a usar desde una perspectiva discursiva y filosófica opuesta: si los grandes números funcionan bien, la gente vive más feliz.
Lo cierto es que cuando uno analiza aspectos de la vida cotidiana esto no es así y voy a dar un par de ejemplos. Si el supuesto inflacionario se cumpliera, lo que hoy compran las personas concretas -no las presentaciones en power point de los ministros- con 10 pesos, el 31 de diciembre de 2009 lo adquirirán por 10,80 pesos. No hay una sola persona -ni ustedes, que lo defienden— que crea que esto puede ser así.
Pero habría otra manera de demostrar que ni el propio oficialismo cree lo que dice el presupuesto. Si se parte del supuesto de 8 puntos de inflación ya se tendría que convocar a paritarias para el 2009 y arreglar por el 12 por ciento, con lo cual habría una recuperación del 50 por ciento del salario real por sobre la inflación. ¿Saben por qué no lo hacen, señora presidenta? Porque no lo creen, y no lo creen porque no es así.
Otra de las cosas en la que no coincidimos se refiere a un tema que se discutió recientemente: la movilidad jubilatoria. La mayor parte de los recursos de la ANSES —no la totalidad, porque hay un fuerte porcentaje de impuestos internos— no son fiscales sino parte del salario de los trabajadores que aportan para poder tener una política distributiva sobre el sector pasivo. Por lo tanto, esa parte de los recursos de la ANSES debe ser redistribuida y no utilizada para maniobras financieras, como compra de títulos de deuda o acciones de bancos argentinos.
El otro punto en el que no compartimos la mirada oficial es que el presupuesto está defendido desde una lógica de que si hasta aquí funcionó bien, hagamos lo mismo que seguirá funcionando bien. El problema es que, no sólo por la crisis internacional sino también independientemente de ella, hay condiciones en la economía interna que hicieron que la lógica de los presupuestos de los años anteriores funcionara dentro de lo que aquí se denominó como la etapa expansiva del ciclo. Hoy esto no está presente.
En ese sentido, podemos decir que los precios internacionales de los productos que exportamos no son los mismos; otra variable que tampoco estará presente es la del tipo de cambio competitivo, que se vio absorbida por la inflación interna.
Además, la indudable recuperación de nuestra economía -que al registrarse en el sector de exportación de bienes transables repercutió en una mejora del empleo- se basó en la capacidad ociosa de infraestructura industrial y de energía, que hoy alcanzó su límite.
Entonces, lo que debemos hacer a partir de este momento -lo tendríamos que haber previsto el año pasado cuando tratamos el presupuesto del corriente año- es generar nueva inversión genuina desde otra perspectiva. No alcanza con plantear sólo políticas distributivas. En nuestro dictamen incluimos muchas propuestas de política distributiva, que no sólo están dirigidas a distribuir recursos sino también a generarlos desde otra matriz de inversión. Una política distributiva a secas, que no cuente con fuentes de financiamiento, tendrá efectos no queridos, como endeudamiento, déficit e inflación. Lo que quiero decir con esto es que nuestro dictamen intenta erigirse como una propuesta seria. Hasta aquí las diferencias con la mirada oficial.
A continuación quisiera referirme a las diferencias profundas que tenemos con los abogados del ajuste.
Más allá de los discursos, lo importante no es lo que se dice sino cuáles son los grupos de interés que se representan a partir de esos discursos. Así, en estos días hemos podido observar a algunos portavoces del mundo económico, que tienen su correlato en sectores políticos, diciendo que debemos ser precavidos y frente al enfriamiento de la economía internacional tendríamos que hacer lo propio con la economía interna. En consecuencia, proponen subir las tasas de interés y bajar el gasto público.
La acusación de que este año la Argentina no va a tener el mismo superávit se puede plantear desde dos perspectivas: se puede criticar el menor superávit y proponer bajar el gasto público para mantenerlo, o se puede plantear la necesidad de obtener nuevas fuentes de financiamiento genuino a partir de la actividad económica interna, a fin de utilizar ese superávit en la aplicación de políticas de redistribución social.
En los últimos días he escuchado a algunos dirigentes políticos decir que frente al problema financiero mundial, el salvataje de los estados y la separación del mundo financiero del mundo de la economía productiva, lo que debemos hacer es limitar la demanda salarial, pero no han dicho una sola palabra sobre la necesidad de gravar la renta financiera.
Nosotros nos ubicamos en las antípodas de quienes tienen esa mirada y proponemos un presupuesto que actúe como una suerte de escudo o de malla protectora de los sectores más vulnerables, que de por sí van a sufrir las consecuencias no deseadas de la crisis internacional. Así, por ejemplo, si las empresas automotrices producen menos, esto va a repercutir sobre la masa salarial y el empleo; si los precios internacionales bajan, el ingreso de divisas también será menor, lo cual se hará sentir en la sociedad argentina.
Por lo tanto, a partir de una nueva legitimidad del Estado, decimos que esta es la oportunidad para plantear las políticas domésticas, que modifiquen tres o cuatro grandes nudos muy concentrados, monopolizados o cartelizados, que son los que harían que la Argentina reproduzcan muchos de los efectos de la crisis internacional, si no se modificasen.
Me refiero a lo siguiente. Si la cadena de formación de precios se explica por la presencia de cinco o seis grandes supermercados muy cartelizados, si la matriz de inversión se explica por cuatro o cinco grandes conglomerados y si la matriz de exportación se explica por un grupo de doscientas o trescientas empresas que concentran el 80 por ciento de las exportaciones, esto significa que estos núcleos concentrados actúan a semejanza de sus matrices internacionales. Esta situación haría que también la crisis permee a la economía argentina. En consecuencia, nuestra propuesta es tocar estos núcleos de política doméstica para resguardar a la Argentina de los peores efectos de la crisis internacional.
Las propuestas ya han sido planteadas. Sólo me voy a limitar a enumerar algunas de ellas. Hemos planteado la formación de una comisión para que estudie una reforma tributaria, porque el actual presupuesto replica la misma estructura de los anteriores.
El principal integrador de la recaudación es el impuesto al consumo, representado por el impuesto al valor agregado, y no hay una sola palabra para gravar la renta financiera.
Hoy hay mucho más margen para que el Estado adquiera una nueva legitimidad. Esto era mucho más difícil de plantear cuando la desregulación de los mercados era el gran mito fundador del sistema económico, pero hoy esta idea se está cayendo.
En consecuencia, hay que animarse a plantear desde una nueva lógica estatal el gravamen a la renta financiera. Se imaginan qué habría sucedido si hubiésemos gravado la renta financiera cuando el tema de los mercados a futuro era uno de los más mencionados en los últimos meses.
¿Por qué bajó hoy el precio de los alimentos en el mundo? No disminuyeron porque el mundo se alimente menos, sino porque la renta financiera se trasladó del lugar de los commodities y del petróleo a la compra de títulos de la deuda norteamericana, porque había que comprarlas baratas.
Por lo tanto, si hubiéramos gravado en ese momento la renta financiera, se vendiera o no la producción, el Estado habría tenido una fuente de recaudación mucho mayor. Esto va en estrecha relación con el objeto de varias discusiones estériles que tuvieron entretenida a la Argentina en forma gratuita.
El otro mito fundador es la independencia de los bancos centrales. Es decir que un país es más creíble en el sistema capitalista si los bancos centrales son independientes del poder político. Ello es así hasta que los grandes grupos financieros, que son los autores de esos mitos fundadores, necesitan que los gobiernos ordenen a la reserva federal de los países desarrollados que acudan a su salvataje.
Es decir que cuando hay acumulación de negocios, el Estado no debe meterse; cuando aparecen las pérdidas, se requiere la intervención del Estado.
Quiero terminar con una reflexión vinculada con algunos discursos que elogiaron los consensos a los que llegaron algunos países desarrollados. El consenso debe ser un instrumento, y no un fin en sí mismo. Se puede alcanzar un consenso para políticas activas con sentido social o para reafirmar los mismos paradigmas que hoy se están cayendo.
En la actualidad, el mundo no está en pánico por los dos mil millones de personas pobres. Si no estuviéramos tan colonizados culturalmente, tendríamos que estar en pánico por ellos. Pero hoy el mundo financiero está en pánico por los resultados de grandes grupos que eran calificados de la mejor manera por las mismas evaluadoras que criticaban nuestro riesgo país.
Ahora resulta que para que el mundo salga del pánico y de la caída de las bolsas, se requiere del salvataje estatal. Pero no obstante, se vuelven a caer. ¿Por qué se vuelven a caer con semejante salvataje estatal? Porque la premisa de hoy día es “necesitamos más”. ¿Qué significa más salvataje estatal? ¿Qué es el Estado si no es el porcentaje de los impuestos a la renta de cada uno de los ciudadanos que viven en él? Se trata, entonces, de una transferencia de recursos de la sociedad a los grupos financieros. Para eso se llegó al consenso del Grupo de los 7 y del gobierno de los Estados Unidos. Yo no quiero ese consenso político y lo critico.
Lo que sí quiero es el consenso de América latina. Si volvemos a plantear nuestra relación con Brasil desde la lógica de que “como ellos devalúan y nos invaden de productos, pongamos cupos a la línea blanca”, estamos desperdiciando una oportunidad histórica de cambiar realmente el paradigma a partir de otro consenso político.
Si planteamos un consenso político en la región que tiene agua, energía, alimentos y biodiversidad, desde la perspectiva de que nuestra cadena industrial tiene que integrarse al mercado regional como si fuera un mercado interno diez veces superior al nuestro, estaremos cambiando el paradigma. Con el Banco del Sur, con una nueva moneda regional, con los fondos estructurales para resolver las asimetrías, con la profundización del Mercosur y con el Consejo Regional de Defensa que están proponiendo los países de la UNASUR, vamos a lograr consensos.
Buena parte de los problemas del mundo no tienen relación con los mercados hipotecarios, sino con el hecho de que existía una burbuja que subía el precio de los recursos naturales que tiene América latina. Además, el otro paradigma no es económico, sino político y tiene que ver con la guerra preventiva. También esta puede tocar a América latina. Por eso es necesario un consenso político que incluya al Consejo de Defensa Regional, para que la región defienda sus recursos en esta crisis desde una perspectiva de autonomía. Todo ello va de la mano de esta gran oportunidad que tenemos de legitimar al Estado, es decir, legitimar a la política, frente los mercados financieros desregulados. (Aplausos.)
Sr. Raimundi.- Señor presidente: mi bloque va a votar en contra de la delegación de facultades. El artículo 97 de nuestro dictamen va en la misma dirección de las propuestas efectuadas por distintos diputados preopinantes.
Creemos mucho en la calidad institucional y en la credibilidad de la economía para estimular inversiones, pero hay una cuestión sobre la que quiero señalar una diferencia grande.
Recién escuché a uno de los diputados preopinantes decir que la tasa de riesgo país era demostrativa de lo negativo de nuestra economía. Esto marca diferencias entre distintos sectores y miradas de la oposición.
Dejo a salvo la votación nominal y la forma en que habrá de votar nuestro bloque, pero sobre el riesgo país tengamos en cuenta que esta crisis se detona por el desplome de los bancos de inversión y de las aseguradoras de riesgo, que tenían las mejores calificaciones en términos de riesgo económico.
Cuando había países que querían ejercer la regulación estatal, los calificaban con altísimas tasas de riesgo para desalentar las inversiones, pero hoy para ser salvadas, necesitan de la regulación estatal.
Este Parlamento tendría que ser abogado del control estatal y de la política, y no de las consultoras de riesgo, que bajo la excusa del riesgo país ayer aconsejaban prestar a países que no pudieron pagar y hasta hace poco recomendaban prestar a deudores hipotecarios que tampoco pudieron pagar, lo que hizo que se desplome la economía. Después, para salvarse, recurren al Estado, al cual lo colocan en una situación que antes calificaban con altas tasas de riesgo. No seamos abogados del ajuste en este Parlamento. (Aplausos.)
